El principal problema que se enfrenta en los centros penitenciarios del Estado de México es la ingobernabilidad, reconoció el director general de Prevención y Reinserción Social, Jaime Echartea Mojica, quien señaló que los espacios de reclusión albergan a 30 mil personas, cuando éstos están destinados para una población global de 14 mil reos, llegando algunos reclusorios a tener una sobrepoblación de más de 460%.
Lamentó que el sistema penitenciario sea el último eslabón en la cadena de justicia y en materia presupuestaria. El director general jurídico y consultivo de la Fiscalía General de Justicia de la entidad, Luis Francisco Fierro Sosa, dijo que falta una política pública con recursos económicos que sume la voluntad de los tres ámbitos de gobierno; además ,que instituciones autónomas -como las comisiones de derechos humanos, apoyen, supervisen e impulsen la mejora de los centros de reinserción social.
En el Segundo Congreso Nacional Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario. Sistema Postpenitenciario en México, la investigadora del Senado de la República, Carla Angélica Gómez Macfarland, indicó que a las personas que salen de prisión no se les da seguimiento; el sector empresarial las discrimina y estigmatiza cuando solicitan un empleo y las instituciones educativas tampoco son accesibles para ellas, problema que debe estar en la agenda no sólo de las comisiones de derechos humanos, sino de la administración pública y el Poder Legislativo, ya que atenderlo ayudaría a disminuir el índice de reincidencia que es de 25%.
En el evento, los participantes también expusieron la necesidad de formular políticas públicas para lograr la reinserción social postpenitenciaria, sensibilizar a los sectores productivos para generar empleo a quienes cumplieron sentencia o fueron preliberados, dotarles de identificación oficial, tener estándares penitenciarios homologados y contar con una política de excarcelación.
En titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), Jorge Olvera García, expresó su adhesión a la propuesta del Tribunal Superior de Justicia estatal para impulsar las pre liberaciones y que las personas beneficiadas puedan reinsertarse plenamente a la sociedad.
En su participación, el director general de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos estatal, Martín Berdeja Rivas, destacó que el reto de las instituciones es formular políticas públicas para la inclusión postpenitenciaria y sensibilizar a todos los sectores productivos a generar fuentes de empleo a quienes salen de prisión y que haya apertura de espacios en el ámbito educativo para su desarrollo técnico y profesional.
Asimismo, el subsecretario de Control Penitenciario del gobierno estatal, Manuel Palma Rangel, dijo que la crisis del sistema penitenciario en el país obedece a décadas de abandono institucional, y enunció acciones para una política nacional efectiva como cambiar la estructura organizacional; transformar la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario para lograr acuerdos realistas; modificar a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y generar una política de excarcelación, entre otras.
La jueza de ejecución de sentencias del Tribunal Superior de Justicia estatal, Alma Arriaga Miguel, señaló que las personas preliberadas quedan en desamparo ante la falta de oportunidades de empleo, la carga emocional y económica al regresar a la familia, así como la estigmatización de la sociedad, pues enfrentan obstáculos que los colocan en desigualdad en comparación con quienes no han tenido problemas con la ley penal.
Ante la falta de un organismo protector del derecho humano al trabajo para este grupo, indicó que es indispensable formar redes de apoyo de organismos gubernamentales y de la sociedad civil para facilitar su reinserción social y prevenir la reincidencia.
La visitadora adjunta de la Tercera Visitaduría General de la CNDH, Clementina Rodríguez García, expuso la propuesta para que las personas procesadas y sentenciadas tengan derecho a una identificación oficial, ya que si bien se les quitan sus derechos políticos, continúan sus derechos como personas, por tanto, debe trabajarse en el tema el gobierno y el Instituto Nacional Electoral.
