En México no hay un incentivo a la buena conducta; ser un ciudadano honesto debe generar beneficios visibles a la sociedad, dijo el director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), Francisco Rivas, al indicar que en el Estado de México la violencia familiar aumentó más de 80.5% en el año anterior.
Al presentar el Análisis del Comportamiento de Delitos en 2020. Enfoque Especial en Homicidio Doloso, dijo que la violencia de género se agudizó.
Indicó que los gobiernos locales deben tomar decisiones impopulares para recaudar recursos económicos para aplicarlos en seguridad. "Si no se fortalecen a las policías locales, no vamos a poder avanzar", expresó al considerar que hay un debilitamiento de las instituciones de seguridad a nivel subnacional.
Ante los recortes presupuestales que empezaron desde el gobierno de Enrique Peña Nieto y los cuales se han agudizado en la presente administración federal, los gobiernos locales deben exigir al federal una estrategia específica para avanzar en contra de la inseguridad. "Siempre se ha invertido poco y mal; no hay número suficiente de elementos del aparato de seguridad y justicia para contener delitos".
A nivel nacional indicó que el año pasado la violencia homicida se mantuvo en un estado crítico, la violencia de género se agudizó, la trata de personas aumentó 0.7% y la violencia familiar creció 3.7% respecto al año anterior, todo como resultado de falta de coherencia entre las políticas con las que se pretende “pacificar al país” y de la incongruencia entre lo prometido en campaña y lo realizado como gobierno.
El director general del ONC, Francisco Rivas advirtió que el recorte presupuestal que han tenido diversos programas en materia de seguridad, así como la desaparición de fideicomisos suponen riesgos específicos para el funcionamiento institucional, el pleno ejercicio de derechos, así como dificultades en la implementación de la propia Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Por ello, recomendó dejar fuera la política de los planes y programas de seguridad. El presupuesto, insistió, no debe ser manejado políticamente.
El Análisis del Comportamiento de Delitos en 2020 destaca que 2019 y 2020 fueron los años más violentos para las mujeres, niños y adultos mayores, por lo que recomendó retomar los sistemas de acompañamiento para mujeres y familias víctimas de la violencia. El abandono de las políticas de protección de estos, dijo, favorece que sean vulnerables, sobretodo en un contexto de pandemia.
El análisis advierte además que el próximo proceso electoral se inserta en un escenario de violencia política en contra de servidores públicos y candidatos a algún puesto de elección popular. En todo el país, entre diciembre de 2018 a noviembre de 2020 se han registrado un total de 52 asesinatos cometidos en contra de algún funcionario público.
