Deben los 125 Ayuntamientos del Estado de México casi 5 mil millones de pesos a proveedores. En el Congreso Local se pidió cárcel para funcionarios municipales por no finiquitar las deudas a corto plazo contraídas durante el periodo gubernamental.
El grupo parlamentario PVEM propuso que en los procesos de entrega-recepción de las administraciones locales, que ser concretará a partir del próximo mes de enero de 2022, a quienes concluyan su periodo con débitos a proveedores no se les acepte carta de no adeudo y pueda imputárseles el delito de obstrucción de la inversión, que se sanciona hasta con 10 años de prisión.
Además, la propuesta a la cual se adhirieron las bancadas mexiquenses de Nueva Alianza, PT, Movimiento Ciudadano y PAN, promueve la destitución y/o inhabilitación de sus cargos. El planteamiento se remitió para su dictamen a las comisiones de Legislación y Administración Municipal, de Procuración y Administración de Justicia, de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la
Corrupción.
La diputada María Luisa Mendoza Mondragón, coordinadora del grupo legislativo del PVEM en la entidad mexiquense, explicó que los ayuntamientos electos enfrentarán este problema que cada tres años se hace evidente, pues las malas prácticas son una costumbre y muchas autoridades locales suponen que es muy fácil realizar compras de bienes y servicios, pero no se ocupan de pagarlos.
Agregó que los proveedores, los cuales suman alrededor de 700 mil medianas y pequeñas empresas en la entidad, en el ánimo de incrementar sus ingresos, apuestan por vender a los gobiernos locales incluso a crédito, haciendo una inversión de alto riesgo en la que no está garantizado el pago por tales insumos.
La iniciativa de reforma a las leyes Orgánica Municipal, de Responsabilidades Administrativas y de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como al Código Penal, señala que de 25 municipios con más deudas en el país, cuatro se ubican en esta entidad.
Para emitir opinión sobre el planteamiento, se turnó la propuesta a Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, a solicitud de su presidenta la legisladora Evelyn Osornio Jiménez.
