Redacción Dinamik
Aprueban en Edoméx paquete fiscal 2020
*Eliminan delito de desobediencia fiscal a contribuyentes incumplidos como proponía el GEM
Con ajustes por 420 millones de pesos para aumentar recursos a salud, educación,campo y justicia, diputados de la 60 Legislatura local aprobaron el paquete fiscal 2020 del Estado de Méxicoel cual tendrá ingresos por 302 mil 273 millones de pesos, cantidad que representa un aumento de 4.1% con respecto al 2019.
Los legisladores determinaron reducir la capacidad de endeudamiento del Ejecutivo de 7 mil 500 a 6 mil millones de pesos, aunque condicionan la posibilidad de obtener un débito público por 2 mil millones de pesos en el próximo ejercicio fiscal.
En la última sesión del cuarto periodo, los legisladores votaron por unanimidad la Ley de Ingresos del Estado de México y Municipios, Presupuesto de Egresos, haciendo ajustes a las propuestas enviadas por el Ejecutivo de la entidad. El monto aprobado por la Cámara de Diputados Local se compone por ingresos, cuotas y aportaciones de seguridad social, aprovechamiento, ingresos por venta de bienes prestación de servicios, participaciones, aportaciones, convenio y transferencias.
En sesión de comisiones, los legisladores eliminaron las modificaciones al Código Financiero propuestas por el gobierno estatal, que preveía incluir la tipificación del delito de desobediencia, ante el incumplimiento de obligaciones fiscales y redujeron 305 millones de pesos a la Secretaría de Finanzas, 100 millones a Imagen Institucional y 15 millones a Comunicación Social.
Las áreas que tuvieron mayor incremento fueron Justicia y Derechos Humanos que pasó de 1,712 millonesde pesos a 1,817 millones de pesos; el aumento se destinará a procuración de justicia con perspectiva de género, atención a víctimas procuración de justicia con perspectiva de género.
A la Fiscalía General de Justicia de la entidad se le asignaron 50 millones de pesos para reparación a víctimas y ofendidos de víctimas del feminicidio, así como a la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio y desaparición, canasta alimentaria por delito de feminicidio y para el fondo estatal de personas desaparecidas.
En educación aumentaron 50 millones de pesos para infraestructura educativa, 45 millones de pesos más para el campo en programas de fertilizantes, del programa productivo para la explotación integral agropecuaria, rescate y conservación de agave pulquero, producción de nopal y verdura, producción de hortalizas orgánicas.
En materia de salud, pasó de 26 mil 159 millones de pesos a 26 mil 249 millones de pesos que se destinarán a población infantil y adolescente, atención médica especializada de tercer nivel para la población infantil y salud para el adulto mayor.
Definieron que a nivel estatal y municipal se impulsen diversos programas para regularización de los ciudadanos de acuerdo a sus condiciones particulares y socioeconómicas.
Tras los trabajos en comisiones legislativas, los diputados de Morena consiguieron ajustes por $420 millones de pesos para incrementar recursos a las áreas de Justicia y Derechos Humanos, Salud, Fiscalía, Educación, campo, UAEM.

El diputado Gabriel Gutiérrez Cureño aseguró que las vías de comunicación del sur del estado, requieren ser mejoradas pues hoy la poca accesibilidad, permite el ingreso de grupos delictivos, pero advirtió que la legislatura dará un seguimiento puntual del ejercicio de los recursos.
Violeta Nova, pidió aprobar el proyecto para rehabilitación de 82 caminos por 1,637.8 kilómetros de región de Tejupilco de 14 municipios, 13 de Ixtapan de la Sal y otros de la zona de Toluca, que se encuentran intransitables.
De la solicitud de 7 mil 500 millones de pesos de financiamiento planteada por el gobierno estatal la redujeron a 6 mil millones de pesos.
Previamente el diputado Max Correa refirió que como resultado de las mesas de trabajo con la Secretaría de finanzas se acordó que mínimo el 10 por ciento de los recursos municipales se destinen a protección civil, que se evalúen nuevas reglas de operación del FEFOM y que todos los programas sociales estatales tengan reglas de operación claras y que antes de su publicación se den a conocer a la Legislatura.