Jorge Olvera García, ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) rechazó que la Fiscalía General de la República (FGR) le haya citado sobre el caso Rosario Robles, acusada del ejercicio indebido del servicio público al omitir informar sobre supuestos desvíos de recursos por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos. "La universidad no cometió ningún fraude. Ninguna estafa".
El ahora titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) y quien ocupara la rectoría de la UAEM en el periodo 2013-2017, dijo que "esos convenios no se firmaron en mi administración...lo que nosotros únicamente hicimos fue cumplir con lo que se había firmado porque si no nos penalizaban".
"Totalmente no he recibido ninguna citación.", dijo el entrevistado al indicar que la documentación respectiva se encuentra ahora en manos del actual rector de la UAEM, Alfredo Barrera. "El papel de la universidad es solventar sobre las denuncias que se han hecho", aclaró al ser entrevistado en el municipio de Naucalpan.
De acuerdo a una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político, el gobierno federal en ese entonces encabezado por Enrique Peña Nieto, usó 128 empresas fantasmas para desviar más de 3 mil 433 millones de pesos del erario público a través de 11 dependencias federales como Sedesol y Pemex. El esquema de fraude fue a través de seis universidades públicas. Una de ellas la UAEM.
Jorge Olvera García, dijo que el tema de la denominada "Estafa Maestra" no le quita el sueño. "Mi preocupación son los derechos humanos", aseveró, al indicar que legalmente no se puede proceder contra la UAEM y que "la Fiscalía está señalando a quienes están haciendo ese tipo de situaciones contra la ley".
El comisionado dijo que cuando asumió la rectoría de la UAEM "fui el primero en denunciar, antes que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ante la Procuraduría General de la República, ese tipo de cosas".
Externó que no porque no sea el rector se hace a un lado. La documentación completa del caso la tiene el actual rector y manifestó disposición de si es requerido por las autoridades correspondientes, asistir.
Según la investigación periodística dada a conocer en 2017, para eludir la Ley de Adquisiciones —que los obligaría a hacer licitaciones y poner a diferentes empresas a competir—, dependencias federales firmaron convenios con universidades públicas. Le ley permite hacerlo, pero sólo si las universidades realizan al menos el 51% del servicio contratado.
Pero éste no fue el caso. Las universidades subcontrataron a terceros la totalidad de esos servicios en la mayoría de los convenios firmados.
La Universidad Autónoma del Estado de México recibió 223 millones 87 mil pesos del FOVISSSTE por cinco convenios para supuestamente “rediseñar” o simplificar los procesos de atención a derechohabientes.
Pero la universidad no tenía la capacidad de dar el servicio, así que contrató a Interamericana de Negocios y Comercio, S. A. de C. V., que en realidad se dedica —según su acta constitutiva— a la venta de zapatos. A esta empresa le dio 15 millones 389 mil pesos.
La investigación periodística refiere que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) firmó un convenio en 2014 con la Universidad Autónoma del Estado de México por 97 millones de pesos. La contrató para desarrollar una metodología que permitiera la “ubicación de personas de 15 años o más de edad que no supieran leer y escribir un recado en español”.
De nuevo, de acuerdo a la investigación de la organización referida y Animal Político, la Universidad se declaró incapaz de hacer la totalidad del servicio y subcontrató a Estrategia Solutions, S. A. de C. V., que ganó 9 millones 558 mil pesos. Además de no estar registrada ante la Secretaría de Economía, en la visita a su domicilio fiscal en Sevilla 30, colonia Juárez, en la Ciudad de México, trabajadores del edificio confirmaron que la empresa no opera ahí, pero cada determinado tiempo acude una persona a recoger correspondencia.
