Alrededor del 50% de los municipios del Estado de México fueron encontrados en una situación de quebranto por las nuevas administraciones que tomaron posesión el pasado 1 de enero. Las administraciones locales que presentan una mayor afectación por la situación de desfalco y endeudamiento en la que se encuentra son Ecatepec, Tecámac, Tlalnepantla, Naucalpan, Izcalli y Cuautitlán.

Los gobiernos anteriores, principalmente los emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no cumplieron con el pago a proveedores y sindicalizaron de manera irregular a personal de confianza, señaló la diputada, Azucena Cisneros Coss.

En Ecatepec, ejemplificó, en la nómina de una regiduría se detectó a 40 empleados de confianza que fueron sindicalizados.

La legisladora mexiquense expresó que “los priistas no se midieron. Al dejar las administraciones lo hicieron con la intención de saquear las arcas de los municipios que gobernaron, por ello la Legislatura hace un recuento de la situación, pese al periodo de receso”.

En cuanto la comisión permanente entre en funciones se va a retomar esta situación financiera de quebranto de los municipios, a fin de que las comisiones establezcan las condiciones legales necesarias para la realización de auditorías “urgentes para deslindar responsabilidades”, en especial en los diez municipios de mayor importancia en la entidad.

Tras aclarar que "no hay una cacería de brujas, indicó que debe haber un señalamiento claro en contra de los responsables de la situación de saqueo y desastre financiero que han encontrado las nuevas autoridades municipales.

Cisneros Coss destacó que las autoridades salientes tienen que responder por los excesos con que gobernaron. Y después de concluir las auditorías que se llevan a cabo, tienen que solventar las observaciones a que se hagan acreedores en en un plazo no mayor a 180 días.

Por último, subrayó que el Congreso del Estado de México, tiene la facultad para practicar auditorías externas a los ayuntamientos. Sobre todo a los diez que registran la mayor deuda de la entidad y también presentan desfalcos e irregularidades en el proceso de entrega-recepción.