Retirar a los ex gobernadores del Estado de México privilegios con cargo al erario como bono, remuneración o personal a su servicio, que vayan más allá de lo señalado en la ley como pensión, liquidación o retiro, propuso la diputada Azucena Cisneros Coss , presidenta de la Directiva de la 60 Legislatura, a efecto de “contraponer a esa vieja cultura política, nuevas formas del ejercicio del servicio público apegadas a los principios de igualdad, transparencia y austeridad”.

“Poner freno a la opulencia, desigualdad, privilegios y derroche de los recursos públicos, constituyen aspiraciones que la mayoría de los mexicanos y mexicanas desean hacer realidad en su trato con las autoridades que han elegido democráticamente”.

Lo anterior fue externado cuando presentó la abrogación del decreto 87 emitido por la 36 Legislatura del Estado de México, publicado el 18 de julio de 1945 en la Gaceta del Gobierno y con la cual, a su vez, quedaría sin efectos el decreto expedido por el titular del Ejecutivo estatal el 7 de mayo de 1993, en la Gaceta del Gobierno número 86, que establecen que los exgobernadores pueden recibir premios y recompensas, así como apoyos para la preservación de su seguridad y personal para el desarrollo de actividades.

Explicó que el citado decreto del Ejecutivo establece que los ciudadanos que hayan ocupado el cargo de gobernador contarán, al terminar su gestión, con la adscripción por parte del gobierno estatal, de un jefe de ayudantes con categoría de subdirector, un chofer ayudante, tres ayudantes con categoría de oficial de seguridad pública y una secretaria.

La legisladora añadió que la exigencia ciudadana obliga a tomar acciones como la abrogación de los mencionados decretos, al considerar que el Estado de México ocupa el tercer lugar entre las cinco entidades más endeudas del país, que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios enfrenta un endeudamiento que asciende a 4 mil 184 millones de pesos al cierre de 2017 y que el Sistema de Justicia del estado enfrenta graves problemas ante la insuficiencia de recursos.

LLAMAN A AUSTERIDAD EN MUNICIPIOS

Por otra parte, la 60 Legislatura local aprobó por unanimidad un punto de acuerdo presentado por la diputada Karla Leticia Fiesco García, en nombre del Grupo Parlamentario del PAN, para que los Poderes del estado, los organismos auxiliares, órganos autónomos y los municipios determinen acciones que permitan reducir o cancelar gastos de las dependencias y entidades públicas cuando no resulten indispensables para su operación.

Al presentar en tribuna el punto de acuerdo, que fue dispensado del trámite de dictamen, la diputada Fiesco García dijo que la Legislatura tiene una responsabilidad mayúscula en cuanto a la correcta administración de los recursos públicos, porque además de ser el órgano que autoriza el gasto, también revisa su ejecución por medio de la fiscalización de las cuentas públicas.

La legisladora manifestó que de acuerdo con la revisión de las cuentas públicas del año 2017, los diputados identificaron que la deuda creció en 3 mil 50 millones 888 mil pesos, incremento que refleja incongruencias con el ejercicio del gasto público, ya que el gobierno del estado dejó de ejercer 4 mil 12 millones de pesos, mostrando ineficiencia en el gasto. “Es decir, ni se gastó ni se invirtió, pero sí se sigue endeudando a los mexiquenses”.