Pobreza, informalidad laboral y déficit en cobertura social son los tres principales temas que Eruviel Ávila heredó al actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. El Plan de Desarrollo estatal establece que 8. 23 millones de mexiquenses viven en pobreza; 1.05 millones de ellos se encuentran en pobreza extrema. De 7.6 millones de personas ocupadas, 32.3% laboran en el sector informal. Además, el déficit de acceso a seguridad social se ubica en 55.5%.

El documento presentado por el gobernador Alfredo del Mazo indica que “la pobreza, el hambre, la falta de acceso a la salud y a una vivienda digna, limitan el mejoramiento de la calidad de vida” de los mexiquenses. Y en ese sentido presentó diversas estrategias que refuerzan su compromiso con el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptadas por la ONU.

El bajo nivel de ingresos es uno de los principales componentes de la pobreza en el estado donde habitan alrededor de 17 millones de personas. En 2016, la población que vivió con un ingreso menor a la línea de bienestar fue de 57.4%, mientras que 16.8% tuvo un ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo.

La niñez en situación de pobreza es todavía más vulnerable. En la entidad, 54.5% de las niñas, niños y adolescentes se encuentran en esta condición, comparado con 47.9% de la población general. La violencia y el maltrato también son puntos claves de vulnerabilidad en este segmento poblacional, por su impacto en el desarrollo psíquico y social. Por ejemplo, en 2016, un total de 35 mil 934 menores de 19 años fueron víctimas del delito, lo cual incluye violencia física y delitos contra la libertad, entre otros.

Actualmente, 38.2% de los mayores de 65 años del Estado de México se encuentran en condiciones de pobreza y 5.4% en pobreza extrema. Un aspecto que refleja la vulnerabilidad de este grupo es su necesidad especial de acceso a los servicios de salud cuya demanda será mayor en la medida en que la edad sea más avanzada. Esta situación se agrava en los espacios rurales donde hay lejanía y dificultad de acceso. Sin soslayar que no se cuenta con una pensión digna.

Empleo

El Estado de México cuenta con la fuerza laboral más grande del país y sin embargo presenta al mismo tiempo una de las mayores tasas de informalidad laboral. Al tercer trimestre de 2017, la fuerza de trabajo del Estado de México ascendió a más de 7.6 millones de personas ocupadas, de ellas 32.3% laboran en el sector informal. Esta tasa de ocupación en el sector informal se encuentra por encima de la tasa nacional de 26.6 por ciento. Asimismo, el Estado de México presenta una tasa de desocupación mayor que la media nacional, aunque ésta ha mostrado una tendencia a la baja.

El desempleo abierto afecta a 336 mil mexiquenses, especialmente en los estratos de población joven. Una tercera parte de los desempleados tienen entre 15 y 24 años, y la mitad entre 25 y 44 años. El Plan de Desarrollo establece que la composición de ingresos de la población ocupada

demanda fortalecimiento. Del total de personas empleadas en el Estado de México, 16.6% percibe ingresos superiores a tres salarios mínimos, en tanto que 41.8% salarios mínimos o menos.

Los jóvenes que no continúan estudiando y no logran colocarse en un empleo representan un reto importante en el Estado de México. En 2016, los jóvenes entre 18 y 24 años que no estudian y no están integrados al mercado laboral sumaron más de 218 mil 500, 49.1% de ellos pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA).

Seguridad Social

El acceso a la seguridad social tiene un déficit de 55.5%. Esto significa que un porcentaje significativo de la población estatal se encuentra excluida de mecanismos sociales de protección. La baja talla en niñas y niños en edad preescolar se presenta en 16 de cada 100 menores, porcentaje que se eleva a 25 de cada 100 en las zonas rurales. En cuanto al sobrepeso infantil, afecta a 37% de la niñez de la entidad, problemática que se requiere atender dado los efectos de la desnutrición crónica en la salud y en el desempeño intelectual y físico escolar.

El documento indica que 11.7% de la población no cuenta con acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y/o drenaje, lo cual representa retos no sólo en términos de vivienda, sino también de salud.

Las acciones de la presente administración buscan reducir la pobreza en todas sus formas; apoyar el crecimiento de los ingresos de los más pobres; asegurar vivienda y servicios básicos adecuados a la población; lograr una alimentación sana, nutritiva y suficiente y reducir todas las formas de malnutrición.