Con una misa y la bendición de sus unidades, 230 prestadores de servicio de transporte público pidieron por su seguridad y la de usuarios, quienes diariamente se enfrentan a asaltos, amenazas, muertes, agresiones físicas y al robo de las propias unidades al transitar por los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Izcalli, Atizapán y Tultitlán.

Hoy, en la celebración del Transportista, integrantes de Autotransportes Integrales del Estado de México S.A de C.V se concentraron en la explanada del palacio municipal de Tlalnepantla, para que el sacerdote Alfredo Cruz bendijera a conductores y sus familias, así como a las unidades de transporte público adornadas con flores, globos e imágenes religiosas.

Jorge Espinosa Nolasco, dirigente de esa corporación que concentra 580 unidades de la Ruta 26, con servicio en 48 derroteros, dijo que pese a la instalación de GPS, los delincuentes ahora portan inhibidores de señal para geolocalizadores, por lo cual este año les han sido robadas 12 unidades, sin que las autoridades correspondientes hayan recuperado alguna.

La situación es difícil por los asaltos y lesiones de las cuales han sido objeto conductores y usuarios del transporte público, hecho que se agrava cuando son robadas las unidades que prestan el servicio ya que cada una tiene un costo de 1.5 millones de pesos. Aunado a la inseguridad, el servicio de transporte público presenta dificultades en su rentabilidad no sólo por los incrementos de insumos como es el propio combustible, sino también por las extorsiones por parte de elementos operativos de la policía del Estado de México.

Dijo que no están en contra de los operativos que se realizan donde bajan a usuarios y efectúan revisiones, sin embargo, elementos operativos de la policía estatal efectúan acciones que no les corresponden y “algunos extorsionan” porque cerca del 50% de las unidades de esa ruta no tienen sus permisos en norma debido a a que la Secretaría de Movilidad tiene parado la renovación de los permisos correspondientes.

Y de caer en un carralón, pese a pagar al otro día las multas correspondientes, las autoridades tardan hasta dos meses en liberar las unidades, teniendo un costo diario de 80 pesos por derecho de piso.