El Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, planteó la creación de una ley nacional de delincuencia organizada que otorgue a las entidades federativas la competencia de investigar y perseguir a esos grupos delictivos “porque quieras o no la Federación y la Procuraduría General de la República tampoco tienen capacidades suficientes para atender todos los esquemas de delincuencia organizada que se presentan en el país. Tenemos que entrar de manera coordinada”.

Las entidades federativas “estamos entrándole a la investigación y persecución de delincuencia organizada” y tenemos que legalizar lo que en la práctica estamos haciendo, señaló en una reunión que sostuvo con empresarios y colonos en el Centro Cívico de Ciudad Satélite, donde reconoció que en el Estado de México “sí tenemos presencia de grupos delictivos de delincuencia organizada y para poder atajarlos los estamos investigando y le estamos entrando…” con operativos coordinados con Ejército, Marina PGR y Policía Federal. “…no me voy a poner como otras entidades federativas a tratarme de poner un velo y tapar el sol con el dedo”.

Posteriormente en entrevista indicó que hay presencia de organizaciones criminales como la Familia Michoacana; “en la zona metropolitana del Valle de México nos ha operado el Cártel Jalisco Nueva Generación, una nueva organización que se autodenomina Cartel del Nuevo Imperio de la cual ya llevamos varios detenidos y algunos otros grupos criminales que dicen pertenecer a algún cartel que no necesariamente es así. Extorsionan diciendo que son Caballeros Templarios que son un grupillo criminal, pero no dejan de ser muchos de ellos delincuencia organizada, pero no significa que pertenezcan a esos grandes cárteles”.

Y aseguró que se ha registrado una reducción de 31% en delitos de fuero federal y 33% en fueron común.

Ante los asistentes al encuentro organizado por Elena Lara, presidenta de Gesomex, habló de la necesidad de despresurizar la carga de trabajo de fiscalías regionales por lo cual con un presupuesto de alrededor de 4 mil millones de pesos se proyecta, entre otras cosas, crear dos fiscalías regionales. Una en Naucalpan, que atenderá esa localidad y a Huixquilucan, mientras que la de Tecámac, captará los trabajos correspondientes a la región de las Pirámides, para que la Fiscalía de Ecatepec atienda a ese municipio y al de Coacalco.

Ante los cerca de 60 asistentes, el Fiscal externó que al cierre del presente año el Estado de México ha contenido el delito de homicidio doloso al ubicarse 1.19% en relación con la cantidad registrada en 2016. En el estado más poblado del país se ha logrado la contención de la espiral de la violencia. En secuestro, aseguró, hay una reducción de 31.71% al 8 de diciembre, al igual que en el delito de violación que tiene una disminución de 9. 82% con respecto a las cifras del año anterior. Reconoció que en el delito de extorsión se encuentra aún por arriba en 8 ó 10% a las cifras reportadas en 2016, las cuales descendieron en los últimos cuatro meses 50 puntos porcentuales. “Donde sí tenemos un problema muy claro que es el que tenemos que atender es el de robo con violencia en sus diversas modalidades”, dijo.

Alejandro Gómez indicó que en el marco del sistema penal acusatorio de la cantidad total de detenidos puestos a disposición del Ministerio Público por policías municipal, estatal y de investigación, se pasó en el tema de vinculaciones a proceso en general de 16% a 17.8% , pero en materia de delito de alto impacto se incrementó de 66% a 85%, es decir, si antes un detenido por un delito de alto impacto tenía 66% de posibilidades de acabar vinculado a proceso y posteriormente con sentencia condenatoria, hoy tiene 85% de probabilidad de que eso ocurra, por lo cual señaló la importancia de la cultura de la imputación para ofrecer testimoniales a la autoridad judicial.

El sistema penal acusatorio reduce el estándar para la formulación de imputación. Ahora no se ingresa a la cárcel a un probable responsable bajo el principio de presunción de inocencia, consecuentemente la mayor parte de los delitos que antes eran graves, se transforman en delitos que no requieren o no permiten prisión preventiva de oficio. Para que esto funcione se necesita dar seguimiento a otras medidas cautelares que la autoridad judicial puede imponer como brazalete electrónico que permite el seguimiento del probable responsable mediante un GPS y que se esté reportando, pero para la supervisión de estas medidas se requiere oficiales de cumplimiento, dijo.

También habló de la reorganización de la policía de investigación que tiene que contempla fusionar servicios periciales, área de inteligencia y de la policía bajo una misma agencia de investigación como es el modelo de la PGR.