La cúpula empresarial del Estado de México exigió al gobierno mexiquense transparentar los recursos federales que le sean entregados a través del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), así como las aportaciones y donaciones privadas de personas y empresas nacionales y extranjeras, recibidas para subsanar los estragos del sismo del pasado 19 de septiembre. “Es preciso poner candados para que ningún político lucre ni saque ventaja de las labores de ayuda y reconstrucción”.

El presidente de Coparmex región metropolitana, Arturo Beteta del Río, señaló: “demandamos que los fideicomisos creados para canalizar la ayuda, que por ley son privados, en esta ocasión operen con criteriosvdev fiscalización” para conocer no sólo a quién se destina, sino también de donde provienen las aportaciones y evitar sean utilizados como lavado de dinero.

En reunión con sus agremiados efectuada en el municipio de Tlalnepantla, el dirigente empresarial advirtió que de ninguna manera tolerarán que los funcionarios y políticos hagan promoción con la ayuda que generosamente ha aportado la ciudadanía.

“Condenamos desde ahora, cualquier intento oportunista y electorero que quieran aprovechar autoridades o políticos para sacar ventaja de la solidaridad del pueblo mexicano con quienes han perdido familiares, empresas, hogares o cualquier otro bien material. Exigimos en todos los casos que se haga valer la ley y se castigue ejemplarmente a los responsable”, dijo.

Arturo Beteta también hizo un llamado para que empresas fantasmas, hechizas o de compadrazgo, no sean bajo ninguna circunstancia las responsables de la reconstrucción en las zonas afectadas, para que al otro día desaparezcan.

Y ante la solicitud de miles de ciudadanos que han pedido a los partidos políticos, que donen parte de los recursos aprobados para su operación y campañas electorales a las víctimas de los sismos, exigió que el Poder Legislativo apruebe las reformas legales necesarias para disminuir radicalmente, por lo menos para el ejercicio 2018 cuando se celebran elecciones, el financiamiento público ordinario y al de campaña que tienen previsto recibir los partidos políticos.

Esta es una tarea gigantesca que requiere la participación de la sociedad organizada para acompañar al gobierno y asegurarnos que los recursos se destinen efectivamente a los fines para los cuales fueron donados, externó.